La Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas aprobada por las Cortes Generales actualiza y unifica el marco jurídico para las DO e IGP cuyo ámbito territorial abarca a más de una comunidad autónoma.
La norma pretende garantizar la correcta información al consumidor y la adecuada competencia entre productores.
La regulación abarca la presentación, publicidad, etiquetado y la utilización del nombre y marca. Los órganos de gestión quedan dotados de personalidad jurídica propia para poder velar por el cumplimiento de esta Ley.
En España existen 12 DO e IGP registradas con ámbito territorial supra autonómico, una de ellas es la IGP Cordero Segureño.